El caso del Plan Ceibal de Uruguay
El caso del Plan Ceibal de Uruguay
Autoría
Ignacio Jara
Sobre la publicación

Uruguay es una nación próspera que ofrece indicadores sociales que destacan en América Latina y un sistema de educación pública de larga tradición. Siguiendo las ideas de la iniciativa internacional OLPC, Uruguay fue el primer país en el mundo en comprometer e implementar un plan para distribuir computadoras personales a todos los estudiantes y docentes de su educación pública, con el propósito estratégico de mejorar la calidad educativa en un marco de equidad. Este plan, denominado Ceibal en honor al árbol de la flor nacional, se inició en 2007 y a lo largo de casi una década ha logrado instalar y mantener una infraestructura informática que cubre todas las escuelas de primaria y media básica, que incluye tanto las laptops de sus estudiantes y docentes como el acceso a Internet en las aulas. Para promover el uso educativo de esta tecnología, Ceibal ofrece recursos digitales a través de portales, plataformas y proyectos; realiza diversas estrategias de formación y acompañamiento para los docentes; incorpora la tecnología en la formación inicial de los docentes; apoya la gestión de los centros escolares; y busca vincular a las familias con las escuelas. Como resultado, la tecnología es parte de la vida de los estudiantes y la mayoría de los docentes la incorpora gradualmente en sus aulas. Sin perjuicio de sus avances, Ceibal enfrenta importantes desafíos. El principal es la promoción de un mayor y más pertinente uso de la tecnología para impactar de manera amplia y profunda en el aprendizaje de los niños, especialmente en educación secundaria. La ejecución de esta política se basa en un diseño institucional ad hoc, liderado por una entidad externa al sistema educativo, denominada Centro Ceibal, en el que participa la entidad responsable del sistema escolar uruguayo, ANEP, así como otras organizaciones del Estado relacionadas con el Plan. Ceibal invierte alrededor de USD 50 millones anuales provenientes del erario público, equivalente a un 0,2 % del PIB uruguayo.